miércoles, 5 de agosto de 2009

Maldito sistema!!!!!!!!!!!!!

Aldo Muñoz Armenta FCPyS-UAEM El trasfondo del corporativismo sindical es el control que ejercen los líderes sindicales sobre los trabajadores en su ingreso, permanencia y salida de la empresa o dependencia pública, lo cual en el ámbito de lo laboral es subordinación a los patrones y a los dirigentes gremiales. En el terreno de lo político ese control es coacción hacia los trabajadores para que apoyen campañas electorales. El beneficio de este diseño institucional antes beneficiaba solamente al PRI. Desde que el PAN y el PRD empezaron a ganar elecciones en los estados, el corporativismo laboral también les generó dividendos, fundamentalmente porque los titulares del poder ejecutivo a nivel federal y estatal son quienes reconocen o no, a través de las Juntas de Conciliación (y del Tribunal de Conciliación en el caso del gobierno federal) la titularidad de una relación contractual y también la personalidad jurídica de un dirigente sindical. Una muestra muy vigente es el caso de Napoleón Gómez Urrutia. Este mecanismo de control ha favorecido, sin embargo, el interés de inversionistas nacionales y extranjeros por radicar sus capitales en México, ha evitado que la conflictividad laboral se dispare en coyunturas económicas de crisis, que la mayor parte de los líderes sindicales tengan la legitimidad suficiente para mostrarse beligerantes y genuinamente exigentes ante los patrones y el gobierno. Es importante decirlo, en ciertos sectores de la economía, generalmente monopólicos u oligopólicos (como telecomunicaciones, automotriz, banca, petróleo y gobierno) el corporativismo ha generado estabilidad en los empleos y cierto estatus salarial. En otros sectores más vulnerables a las fluctuaciones de la economía, todo lo contrario, al punto de la explotación (construcción, maquila, servicios, entre otros). El concurso de las plazas en el sector educativo, aparentemente rompería con esta estructura de orden corporativo. En teoría, si esto se convierte en realidad, ningún maestro deberá su cargo a dirigente sindical alguno. De convertirse en realidad esta hipótesis, los maestros una vez contratados, podrían reclamar a sus dirigentes, con mucha seguridad e independencia sobre el resultado de una negociación, sobre el manejo de las cuotas sindicales, sobre la utilización de recursos sindicales para campañas electorales o incluso sobre sus inexplicables fortunas. Esto no será posible porque, de inicio, no hay claridad en los concursos sobre la independencia de los que califican; no se incluyen todas las plazas; solamente se ofertan algunas vacantes federalizadas; no participan todos los estados; la mayor parte de la convocatoria se refiere a preescolar, preescolar indígena y educación especial y telesecundaria, espacios que históricamente han sido los más castigados en el ámbito salarial y de movilidad vertical y horizontal en el ámbito de la educación pública. Es decir, no se tocan los regímenes escolares donde se concentra el soporte del control corporativo, que es la educación primaria y secundaria. Por otro lado, la convocatoria de concurso para los maestros en servicio oculta una política de regularización laboral y salarial para miles de maestros que tienen el nombramiento de interinos. Queda claro que este grupo de trabajadores de la educación son los eventualmente beneficiados, pero resulta, al menos opaco, hablar de concurso, cuando se trata de un derecho que garantiza la Constitución y las dos leyes federales del trabajo correspondientes. En este sentido, las convocatorias que ofertan las plazas son un tímido ejercicio de democratización laboral y sindical, pero están lejos de tocar los pilares del corporativismo magisterial, porque el escalafón lo maneja completamente el SNTE, lo mismo que la asignación de las diversas prestaciones que la ley establece, como la jubilación. A manera de hipótesis, se podría afirmar que de poner todas las plazas a concurso, tendríamos en pocos años un SNTE completamente independiente para negociar y para protestar y absolutamente limitado para utilizar recursos públicos en la generación de votos, como ocurrió en 2006, para el partido en el poder, ni contener las protestas legítimas de maestros inconformes, como ocurre en los casos del Distrito Federal, Oaxaca, Michoacán y Guerrero. Es decir, los maestros difícilmente podrían ser controlados. Entonces ¿qué es la alianza? Un nuevo vestuario para el corporativismo.

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